¡No es el gobierno, es la sociedad civil!

Mi reacción inicial como periodista fue buscar entrevistar a los directores de las instituciones gubernamentales encargadas de la regulación de agroquímicos, que en el caso de Colombia corresponden al ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), y preguntarles sobre el aparente fortalecimiento de las normativas con respecto a los ingredientes activos. Sin embargo, después de releer la pregunta en la primera hora de la mañana y analizar la situación mientras saboreaba un café colombiano, comprendí que tal esfuerzo no era necesario.
 
La razón es simple: las resoluciones emitidas por el ICA son el resultado de la sentencia proferida por la Corte Constitucional de Colombia, que dictaminó en octubre de 2022 que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) debía tomar medidas administrativas para suspender la comercialización de productos químicos agropecuarios que contengan el componente activo clorpirifós en un plazo máximo de seis meses. Además, debía adoptar las medidas necesarias para eliminar de manera definitiva su uso en el territorio colombiano.
 
Por su parte, el ICA emitió un comunicado conciso el 27 de enero de 2023, más de un mes después de la notificación de la decisión de la Corte, en el que informaba que tomaría medidas para cumplir con la sentencia que ordenaba la suspensión de la comercialización y la eliminación del uso del clopirifós. Sin embargo, la realidad es que hasta el 6 de junio pasado (cinco meses después), emitió la resolución para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional.
 
Si consideramos que la Corte Constitucional había establecido un plazo perentorio de seis meses para eliminar la comercialización en el territorio nacional, y que el ICA, en su función administrativa y regulatoria, empleó ese tiempo solo para emitir la resolución, es evidente que la retirada del ingrediente activo no es una medida proactiva de la institución gubernamental.
 
Pero si las entidades gubernamentales no son responsables, ¿quién está detrás de la prohibición de los ingredientes activos?
 
La respuesta se encuentra en la sentencia de la Corte Constitucional T-343 del 5 de octubre de 2022, donde se afirma: "concedió la protección del derecho fundamental a la salud del demandante, su hija y de los niños y niñas del territorio colombiano, al encontrar que la molécula clorpirifos, utilizada en la fabricación de plaguicidas químicos de uso agropecuario, supone un riesgo para la salud y la vida humana".
 
El demandante, Luis Domingo Gómez Maldonado, un profesor universitario de derecho ambiental en Bogotá. Él presentó una demanda contra el fipronil y los neonicotinoides. Su investigación demostró cómo el clorpirifos causa graves daños neurológicos en niños de 0 a 2 años, lo que lo llevó a emprender acciones legales, considerando que en el país hay cerca de 6 millones de menores de 12 años.
 
Este profesor no trabaja solo; es parte de la sociedad civil que se propone proteger a los ciudadanos expuestos a moléculas indiscriminadas. Esta sociedad tiene los recursos, el conocimiento y el tiempo para enfrentar demandas relevantes. Por eso, al entrevistar al profesor, manifestó que ahora se enfoca en otras 15 moléculas. El Fipronil ya se considera fuera del mercado debido a su alto impacto en las abejas, y dirige sus esfuerzos jurídicos a la prohibición del mancozeb a corto plazo.
 
Esta jurisprudencia plantea un nuevo panorama para las empresas productoras de moléculas, procesos de síntesis química, formulación y distribución de químicos, no solo en Colombia sino también en el mercado latinoamericano. Dada la eficacia de la comunicación entre la sociedad civil y los grupos de interés, así como las tecnologías que permiten intercambiar opiniones, investigaciones y esquemas de demanda de manera más rápida.
 
Por ello, las empresas agroquímicas y sus líderes, gerentes de innovación y marketing, tienen dos opciones. La primera es quedarse debatiendo en las salas de junta sobre las disposiciones judiciales en cada país y por cada ingrediente activo, intentando maximizar su participación de mercado con productos que van de salida, y ubicados en la matriz de Crecimiento-Participación BCG (Boston Consulting Group) en el cuadrante de productos “hueso”
 
La segunda opción es diversificar sus líneas de producto con biológicos y agroquímicos de baja toxicidad y menor impacto en poblaciones de polinizadores, entre otros.
 
¿Qué camino ha elegido su empresa y en qué fase del proceso se encuentra usted como directivo?
 
 
Robin Garzón 

Periodista de Negocios & Economía Sostenible. Ha ocupado cargos directivos en áreas de comunicación, marketing y estrategia empresarial. Es graduado en periodismo, cuenta con múltiples estudios en estrategia y es egresado del MBA de INCAE Business School.